El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla reconoció como víctimas a Juan José Acosta Osío, Luis Fernando Acosta Osío y Alberto Enrique Acosta Pérez, dentro de la investigación por el caso de la Universidad Metropolitana.

La decisión fue notificada por el Magistrado Ponente, Demóstenes Camargo, al avocar el conocimiento del proceso emanado del Tribunal Superior de Bogotá, para que por competencia se realizará a acá la etapa de formulación de imputación, a cargo del Fiscal 90 Delegado ante esa corporación, Germán Arias.

Una vez agotado el conocimiento, el Tribunal se pronunció sobre el reconocimiento de víctimas, en favor de Juan José y Luis Fernando Acosta Osío, al igual que Alberto Acosta Pérez, representados por sus apoderados Alejandro Arcila, Hugo Junior Carbonó y Erick Calderón Jaraba, respectivamente.

En el caso de Luis Fernando Acosta su defensa argumentó haber sido perjudicado y afectado en su dignidad, teniendo que recurrir a la contratación de apoderados judiciales para ejercer su defensa, siendo él aforado, y por haberle tratado de imputar y solicitar medida de detención, cuando la conducta era atípica y no se reunían los requisitos.

En efecto, pese a su situación de aforado, a instancias del Fiscal Gustavo Orozco Pertúz, Acosta Osío fue requerido, el 26 de septiembre de 2017, a una audiencia preliminar de imputación, contumacia y solicitud de medida de aseguramiento, por parte del Centro de Servicios Judiciales de los juzgados penales municipales de Barranquilla. La citación fue fijada para el 3 de octubre del mismo año a las 8 de la mañana.

Luego, el 3 de octubre del mismo año, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, en cabeza de Alberto Oyaga Machado, lo citó para el mismo fin para el 19 de dicho mes y año.

Todo ello a pesar que Acosta Osío se encontraba amparado como aforado, mientras que en las audiencias el Fiscal Orozco Pertúz ha manifestado que nunca perjudicó la dignidad de aquel ni mucho menos lo citó para imputación, contumacia y solicitud de medida de aseguramiento.

Igualmente, tras agotar el conocimiento el Magistrado declaró que dicho Tribunal era competente ante lo cual la defensa solicitó un cambio de radicación, requiriendo, además, que primero fuese resuelta primero esa petición.

Sin embargo, como quiera que cuando el proceso se encontraba en Bogotá los mismos habían solicitado la nulidad, el Tribunal de Barranquilla, con ponencia del Magistrado Demostenes Camargo manifestó que no iba a resolver de primero el cambio de radicación sino la nulidad.

En consecuencia, negó la nulidad planteada por considerar que las actuaciones anteriores no tenían ningún vicio, ni la que se hicieron en en el Juzgado Promiscuo de Galapa cuando le impusieron la detención a los jueces Rafael Uribe Henriquez y Alberto Oyaga Machado, al igual que al Fiscal Gustavo Orozco Pertúz, ni las que se hicieron luego en Barranquilla.

En cuanto al cambio de radicación ordenó que fuese la Corte Suprema de Justicia la que se pronuncie sobre ello.

En concreto, el Magistrado Demóstenes Camargo argumentó que no rechazaba la solicitud de plano, sino que le daba traslado a la Corte para que se pronuncie si frente a las circunstancias actuales amerita un cambio de radicación de este proceso que es distinto contra los jueces.

Tras defender su decisión, el Magistrado concedió la apelación presentada por la defensa para que sea la Corte la que se pronuncie no solamente sobre el cambio de radicación sino, además, sobre la negativa de nulidad del proceso y el reconocimiento de los Acosta como víctimas.

Finalmente, lo que siguió llamando la atención dentro de la audiencia de hoy, es que el defensor de los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado es el mismo que apodera Carlos Jaller ante la Fiscalía 98 seccional en Bogotá.